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i INICIO CONTENIDO 138	Liberalizacion del regimen y perfeccionamiento de la democracia Marcelino Vargas Politólogo Presentación En este trabajo se presenta un bosquejo histórico del proceso que se inició en México a partir de las reformas constitucionales de 1977 para atender a la cuestión económica y política, los gobiernos priístas que alcanzaron el poder en 1982 orientaron la brújula del régimen hacia otro que se apartaba de los principios emanados de la revolución. Este espacio de reflexión en un primer apartado trata de los antecedentes que hubo para que esas reformas llegaran a concretarse tuvo que entrar en crisis el modelo revolucionario imperante de eso se trata en el apartado de los antecedentes que es un análisis de los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. En otro fragmento menciono la clasificación del régimen presidencialista de México que se caracteriza por la división de poderes. En la parte que denomino “La tecnocracia al poder” se da una breve síntesis sobre los primeros gobiernos tecnócratas en México iniciados por Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y los gobiernos después de la alternancia, con Vicente Fox y lo que va de Felipe Calderón. En el espacio de las reformas electorales se da un pasaje a grandes escalas sobre las reformas que tuvieron lugar a partir de 1977, además se analiza la composición de la Cámara de Diputados a partir de la legislatura que se integró en 1979, la primera después de la reforma, la evolución de los partidos políticos en las subsecuentes hasta la del 2003; además se hace una cronología de los avances que tuvo el Órgano Electoral desde que en 1977 era la Comisión Federal Electoral, su transformación del IFE y las características actuales del órganos Electoral. Y una última parte que la denomino “A la consolidación democrática” donde trato, desde la conformación de los consejeros ciudadanos del IFE en 1996 y los resultados que estos entregaron a sus sucesores en el 2003, también considero las condiciones en las que se conformó la integración del actual Consejo Electoral, cuya participación será suspendida por acuerdo del Senado, señalo también algunos de los retos que enfrenta el IFE para lograr la consolidación de la democracia. Antecedentes Los dos últimos gobiernos priístas que pregonaron los principios del nacionalismo revolucionario que emergió de la Revolución Mexicana de 1910 dieron las pautas para que una nueva generación de políticos accedieran al poder con una filosofía que no correspondía a los lineamientos de la familia revolucionaria y que marcó el punto de partida para que el régimen político instalado en México entrara en un proceso de liberalización que trajo consigo la conquista de derechos por parte de la ciudadanía y por una institucionalización de instituciones y reglas para acceder al poder. Mucho ha mencionado sobre el régimen autoritario que gobernó a los mexicanos utilizando la represión del aparato del estado y un partido, que desde sus orígenes, no fue creado con el objetivo de la lucha por el poder en la arena electoral, sino mas bien para legitimarlo haciendo uso de de la coacción y la persuasión. Como producto de la matanza del 2 de octubre de 1968 que correspondió al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y la del 10 de junio de 1971, el estado mexicano muestra las características del autoritarismo. Este régimen político fundado en la sumisión incondicional a la autoridad, la ciudadanía carece de los más amplios derechos políticos; en el caso mexicano se carece de la libre manifestación de las ideas y de la participación política fuera del partido en el poder. De esta manera el régimen autoritario mexicano hizo uso de las fuerzas del estado para obligar a la renuncia de las ideas divergentes del ideario revolucionario; en lo que concierne a la persuasión tuvo lugar en torno a los postulados de la revolución representada en el partido de estado que se erigió como el valuarte del nacionalismo y por ese hecho a la disidencia se le consideraba como herejía que debía ser opacada con la fuerza. Aunque la medida tomada por Luis Echeverría Álvarez en torno a la apertura democrática que logró integrar a la generación de participantes en los movimientos del 68 y del 71, los derechos políticos de los ciudadanos no lograron encauzarse solamente, se limitó a engrosar las filas de la burocracia; no existe la oportunidad de participar en la política de manera libre y lo poco que se permite no es equitativo. Por ello el proceso de liberalización que va a permitir la apertura del régimen inicia con la reforma electoral de 1997. La liberalización “es un proceso de redefinir y ampliar los derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante los actores arbitrarios o ilegales cometidos por el estado o por terceros” (O´Donnell, 1991, 20); en este periodo son dos los escenarios, el que corresponde al plano individual y al grupal, en el primero se toma en consideración la inviolabilidad de la vida privada en el hogar, el derecho a defenderse de acuerdo a las normas establecidas, en este aspecto también se refiere a el transito por el territorio y la petición a las autoridades en forma de demanda social; en el segundo plano se refiere a la conquista de las libertades para expresar libremente las discrepancias respecto a la política oficial sin el riesgo de ser sometido a un castigo, además se alcanza la libertad de asociación voluntaria entre los ciudadanos, también se da la liberalización de la censura en los medios de comunicación. Aunque pueden existir algunas variantes de un país a otro, en México con esa reforma se consiguió la amnistía para los presos políticos y el cese a la persecución para los grupos de izquierda que existían en la clandestinidad, al menos en el plano legal, se reconoció el Partido Comunista Mexicano como una institución política electoral, además abrió la oportunidad para que se crearan nuevas fuerzas políticas, sin que se dejara de perseguir o masacrar a la disidencia como sucedió en Aguas Blancas en junio de 1994. El decreto de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) no fue la concesión del grupo en el poder, mas bien fue una salida estratégica al fenómeno falto de legitimidad del régimen político por la crisis de la participación política que se vivía cuando José López Portillo, impulsor de la reforma, en la elección del 4 de julio de 1976 tuvo como contrincante real al abstencionismo, por ser el único candidato registrado para la contienda; con esta medida también se busco abrir un canal de participación a la oposición por medio de la manifestación electoral y hacer participe en el entramado institucional y ante la crisis económica que se vivía evitar, que se pusiera en peligro el régimen político imperante (Rodríguez, 1997, 51). Presidencialismo mexicano Para entender mejor el planteamiento es necesario hacer la distinción entre régimen y sistema político, un régimen es un conjunto de reglas observadas en la manera de vivir, por ello “la transición de régimen concierne en las formas mas diversas a toda la comunidad política, es decir, tiene repercusiones en los destinos y vicisitudes personales de los millones de ciudadanos que forman parte del sistema político cuyo régimen cambia o es cambiado” (Morlino, 1985, 81) un régimen forma parte de un sistema político y los cambios que ha dicho régimen se le pudieran hacer son alteraciones graduales de un sistema; por lo tanto el sistema político mexicano y atendiendo al régimen autoritario que se le caracterizo antes y en gran medida durante el proceso de liberación que considero abarco desde la reforma electoral de 1977 hasta 1996 cuando el IFE adquiere el carácter de arbitro electoral, se le agrega un nuevo concepto, el presidencialista, de manera que para abordar la reforma revolucionaria se hace necesario hacerlo desde un régimen presidencialista autoritario. Desde el México pos-revolucionario se adoptó un régimen presidencialista que perdura hasta nuestros días que según Sartori se define en uno o tres criterios. “en primer lugar, el jefe del Estado es elegido popularmente (directa o indirecta) por un periodo fijo; en segundo lugar, el parlamento no puede ni nombrar ni destituir al gobierno; tercero, el jefe del Estado es también el jefe del gobierno” (Sartori, 1997, 167). Atendiendo a estos elementos el régimen político de México se ubica en la clasificación de los presidencialistas ver sus parlamentaristas; aunque puede variar en el modus aperandus de los demás. El régimen presidencialista se inauguro en México desde la independencia de España, después de la caída de Agustín de Iturbide y sigue vigente hasta nuestros días. Después de la revolución de 1910, luego de la constitución de 1917 y en la posterioridad de la creación de las instituciones que rigen la vida del país desde el siglo pasado y lo que va del presente; al menos hasta el sexenio que culminó en 1982 con José López Portillo, el presidencialismo tuvo como bandera principal la defensa de la soberanía y de los postulados de la revolución de esta manera transcurren los periodos históricos del México posrevolucionario conocidos como el Milagro Mexicano, periodo de abundancia económica producto de la Segunda Guerra Mundial para nuestro país; el modelo económico de industrialización con sustitución de importaciones que tuvo como finalidad la industrialización de la producción; el Desarrollo Estabilizador, que perseguía “la estabilidad no como un fin en si mismo, sino como una condición indispensable para lograr un desarrollo económico y social sostenido” (Ortiz, 1998, 9) y “el Desarrollo Compartido que se propone atribuir al Estado un papel medular en todos los planos; (Rousseau, 2001, 86), es ante todo un instrumento para legitimar al régimen político que tuvo al final del periodo Echerrista y de López Portillo tremendas crisis económicas, en el primero puede hablarse e un golpe de Estado y en el segundo tuvo lugar la nacionalización de la banca, que abrieron la posibilidad para que una nueva generación política accediera al poder. La tecnocracia al poder En 1982, en medio la crisis que había desatado el modelo político emanado de la revolución permitió que alcanzara el poder un grupo de economistas con un nueva visión de la administra pública que su implantación vino a revolucionar la política en México que permitió encarar la llegada del nuevo siglo con políticas que no correspondía a las del inicio del siglo. Eran Jóvenes profesionistas que se incrustaron en la administración del gobierno y que lograron eficientar sus funciones burocráticas con medidas mas estrictas, si no es que contrarias a las implementadas por la familia revolucionaria, porque además de poseer títulos en escuelas de prestigio del extranjeros, principalmente Estados Unidos, el mérito al interior del partido de estado era poco o nulo; sin embargo, fueron capaz de desenvolverse en las altas esferas de la élite en el poder, lo que le permitió lograr el Ejecutivo en 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado. Según el diccionario de Política de Bobbio Matteucci Pasquino la tecnocracia implica “un verdadero despojo sobre la cosa pública por obra de los expertos, que toman el lugar de los hombres políticos en tanto que la decisión de tipo político, y por eso mismo abierta a la discrecionalidad, cede terreno a una decisión entendida como resultado de cálculos y de previsiones científicas y por lo tanto totalmente privada de residuos discrecionales”. Por medio de cálculos científicos, si bien es cierto que se busca la eficiencia de la administración pública, también es cierto que se es insensible a las exigencias sociales porque “son hombres carentes de toda sensibilidad social y política, razón por la cual suelen aplicar políticas de confrontación” (Rousseau, 2001, 201), en esta caso las medidas tecnocráticas implementadas en México se contraponen a los Principios revolucionarios y al estado benefactor para dar paso a las leyes de mercado, de la oferta y la demanda. El inicio del encumbramiento de la tecnocracia en México inició cundo Miguel de la Madrid llega a la Secretaría de Programación y Presupuesto en mayo de 1979, creada tres años antes para fijar el presupuesto de ingresos y gastos, así como la supervisión de los recursos por medio de una auditoria basada en las cuentas de las dependencias; la añeja rivalidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era porque esta se encargaba de los ingresos y aquella de los gastos; sin embargo, los tecnócratas controlaron también a Hacienda en marzo de 1982 con la designación de Jesús Silva Herzog, suceso que permitió que el grupo estuviera en las posibilidades de disputar la presidencia de la República. En diciembre de 1982 De la Madrid asume la presidencia de México y con él la nación inicia una nueva etapa con una tendencia que habrá de despegarse del modelo revolucionario y mas allegado al neoliberalismo que reclama las restricciones del estado benefactor y una abertura al capital extranjero; es el primer gobierno que plantea abiertamente la necesidad de controlar el gasto público y que llevó a cabo las primeras privatizaciones. Este sexenio tiene como guía el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) que contempla los objetivos y las estrategias a seguir para orientar la economía y la política del país. Son tres los objetivos que se plantean en el programa delamadrista; el primero es la superación de la crisis heredada del gobierno anterior, para ello tanto Hacienda como la SPP tuvieron acuerdos importantes, la primera consideró que era prioritario el pago de la deuda y un programa de austeridad económica; la SPP por su parte consideró un cambio tanto en lo económico, en lo político y en lo social basado en el ahorro. El éxito fue muy importante, tanto que en agosto de 1983 México fu calificado por altos funcionarios de los organismos financieros internacionales como país con un programa de recuperación ejemplar que estaba siendo imitado por otros países en dificultades financieras (Basáñez, 1990, 81). El segundo objetivo era la recuperación del crecimiento, para lograrlo la estrategia apunta a mediano y largo plazo con el firme propósito de lograr los cambios en el sistema; el objetivo representó un verdadero reto, pues a pesar de los logros alcanzados en la recuperación de la crisis, todavía se estaba muy distante de emprender la vía del crecimiento. Lo que vino a dar respiración al crecimiento es el programa de estabilización para aplicarse en México promovido por el ministro de finanzas estadounidense, James Baker; la aplicación de estas medidas permitió la entrada de fondos provenientes del extranjero, se instituye los compromisos del deudor como del acreedor, este último se compromete a asegurar el derrame continuo de fondos al país endeudado y abrirá sus fronteras al comercio, por parte del endeudado se ajustará al programa de políticas restrictivas en el plano fiscal y monetario y abrirá su mercado al exterior; (Rousseau, 2001, 186). Los logros de este segundo objetivo permitieron que la economía mexicana se integrara a la de todo el mundo, esto trajo como consecuencia el canje de la soberanía por lo que se supone aseguraría el crecimiento económico por medio de la apertura de la economía al comercio exterior, la entrada al GATT. El tercer objetivo se refiere mas a una estrategia de política interna que hace hincapié a la planeación social y democrática que permite a la tecnocracia posesionarse y consolidarse en el poder; la planeación social trata de la elaboración de programas para todos los sectores sociales que resultaron ser un medio eficaz para desarrollar un poder clientelista por los miembros de la SPP, encargada de la programación de los egresos y tuvo a su disposición la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática para hacerle frente a la elección de 1985. Para la planeación democrática se trata de una visión sobre el quehacer político que ha de enfrentar en la arena electoral a los seguidores del antiguo modelo revolucionario que en 1988 tendrán una participación importante, este aspecto es la preparación del camino para consolidar el proyecto y preparar la escenografía para el nuevo sexenio. Son estos tres puntos como el gobierno de Miguel de la Madrid da las pautas para un nuevo modelo económico. Con Carlos Salinas de Gortari se adoptó de manera más decidida la política neoliberal, se alineó a lo que el mismo Salinas denominó como liberalismo social; puso en venta las empresas grandes de propiedad pública e hizo los cambios necesarios para que el estado no interviniera en la regulación de la economía para simplificar todos los trámites que se tiene que cubrir para crear una empresa o ampliar las que ya existen; uno de los mayores logros de este sexenio es la firma del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá . En lo social se modificó la política cancelando la gran mayoría de los subsidios a las clases populares que se otorgaban con el fin de aliviar un poco la desigualdad y la pobreza extrema, esto con el objetivo de disminuir el gasto público, pero esta medida se modificó en la segunda mitad de la gestión salinista, el gobierno cedió en la política de control de gasto, pues con la entrada de dólares a las arcas nacionales como producto de las privatizaciones de TELMEX y de la privatización de la banca disminuyeron las reservas del Banco de México, por lo que el sexenio terminó sumido en crisis que fue acelerada por los asesinatos del Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, y el levantamiento armado en Chiapas. El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el último de la era priísta, fue solamente la continuación de las políticas neoliberales que iniciaron en 1982. A partir de año 2000 la historia mexicana empieza a escribirse sin la presencia del PRI en el poder Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, quien fue postulado por el PAN y el PVEM no tuvo mayores logros que sacar al PRI de los Pinos, pues su mandato estuvo marcado por los constantes conflictos con gobiernos de otros países que no simpatizan con las políticas de Washington así como con los grupos políticos de izquierda en su lucha por mantener el poder para su partido, lo que vino a poner en duda los alcances democráticos que hasta antes de la elección del 2006 se habían obtenido. En lo que va del presente sexenio, el gobierno de Felipe Calderón sigue la misma lógica de las políticas económicas; lo que sí ha distinguido a este gobierno es la intención por recomponer las fallas heredadas del gobierno anterior, como es la recomposición de las relaciones con los demás partidos, prueba de ello es la negociación de la reforma electoral, que pudiera ser el mayor aporte de este gobierno a la democracia de México; en el plano internacional Calderón parece decidido a recomponer las relaciones con los países enemistados en el gobierno anterior. Reformas electorales La apertura de la economía a la globalización solamente logró que entrara al país capital del exterior para atender el problema financiero, sin embargo, faltaba hacerle frente al problema político que se presentó por la falta de equilibrio en la representación en el gobierno por parte de las diferentes agrupaciones sociales; aunque de alguna manera los organismos financieros internacionales marcaron los lineamientos para asegurar la estabilidad del país y con ello el pago de sus intereses, la apertura a la democracia se dio en gran medida por la lucha de la oposición, tanto de la izquierda en los grupos clandestinos, como de la derecha representada en el Partido Acción Nacional (PAN), también como una estrategia por parte del grupo en el poder para involucrarlos en la crisis política y económica, para encauzar su inconformidad en al plano electoral y evitar actos de subversión, característicos de la Guerra Fría, también por emitir un aparente pluralismo que en realidad no existía. Con el inicio de la liberalización de 1977 se abrió la participación institucional a los grupos hasta entonces no reconocidos como el Partido Comunista Mexicano (PCM), obtuvieron su registro condicionado al resultado el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM); también se les concedió el registro definitivo al Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Otro aspecto que tocó la reforma fue el del órgano electoral, en la Comisión Federal Electoral, creada en 1953, se integró por tres representantes del gobierno, a la cabeza el Secretario de Gobierno, un representante del poder legislativo y uno del PRI; además de un representante de cada partido de oposición, de manera que estos últimos llegaron a contar con seis elementos; sin embargo para evitar que los opositores lograran mayoría se instituyó que solo tuvieran voz y voto los que hubieran obtenido los tres primeros lugares en la votación nacional. Como se podrá observar la democratización mexicana en el inicio fue un cálculo para que el PRI no perdiera el poder, pero que sirvió de referente para que la lucha electoral fueran cada vez mas equitativa. En la composición del Poder Legislativo se amplió de 300 a 400 los escaños, cien sería distribuidos a los partidos minoritarios, y en la legislatura que se integró en 1979 el PRI logró 296 de los tres cientos diputados de Mayoría Relativa (MR), el PAN obtuvo cuatro de MR y 39 de Representación Proporcional (RP), el PC alcanzó 18 de RP, el PARM 12, el PPS 11 y el PDM con el PST 10 cada uno. La institucionalización de las manifestaciones políticas vino a configurar un nuevo sistema de partidos, donde la razón de ser de los partidos políticos es que actúen en el marco de un sistema político, de una estructura institucional, dentro de la cual coexisten, actúan conjuntamente y establecen relaciones de competencia (Matas, 1996, 135). A pesar de las modificaciones a la ley en 1977 el sistema de partido hegemónico persistió y las reformas que se hicieron iban encaminadas a que el PRI no perdiera el poder, solamente se les dio legalidad a nuevos partidos para dar una imagen de pluralismo político, pero sin la existía igualdad, por tanto las posibilidades de alternancia o de rotación en el poder son inexistentes como lo demuestra en la conformación de la Legislatura de 1979, la primera después de la reforma y la Comisión Federal Electoral. En 1986 con la reforma propuesta por Miguel de la Madrid el número de escaños de representación proporcional se amplía a 200, así desde entonces la Cámara de Diputados se compone de 500 integrantes y para obtener representación proporcional los partidos tiene como límite alcanzar el 1.5 de la votación nacional; se instauró además de que en caso de que ningún partido alcanzara la mayoría absoluta, el 50% mas uno, al que tenga mayor representación se le asignarían los escaños suficientes hasta lograr esta representación. Con la elección presidencial de 1988 se marcó el rumbo para la conformación de un nuevo sistema de partidos, la elección del 6 de julio dio a Carlos Salinas la Presidencia de la República con menos de la mitad de los votos, el 48.7 %. Aunque lo que trascendió no fue la suma cualitativa de los votos, sino las consecuencias del presunto fraude cometido en detrimento del frente democrático Nacional (FDN), que por el entramado político que lo originó cimbró al gobierno y al partido de estado que para el mes de mayo de 1999 constituiría al Partido de la Revolución Democrática (PRD), la izquierda oficial del sistema político mexicano. La bandera de lucha del FDN fueron las causas sociales de los últimos gobierno priístas que se habían deslindado de las políticas del estado benefactor producido de la Revolución, para enfrentar la elección presidencial se le unieron partidos progubernamentales como el PARM, el PPS y el FCRN, además de las organizaciones de izquierda sus principales impulsores provenientes del mismo PRI que no compartían con las medidas implementadas por los tecnócratas, entre ellos Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, quienes lograron que el partido oficial, además de la baja electoral perdiera en los estado de Baja California, el Estado de México, Michoacán, Morelos y el distrito Federal. La otra reforma trascendente para democracia en México fue la de 1990 que produjo la sustitución de la CFE por el Instituto Federal Electoral (IFE) con personalidad jurídica propia y con patrimonio propio para la toma de decisiones y conquistar su autonomía con respecto a los poderes del estado; desde este acto se otorgó al IFE poderes no solo de administrador electoral, sino que se le dotó de todo lo necesario para ser un verdadero arbitro en la lucha por el poder y en la administración de los ciudadanos, expide la credencial para votar con fotografía con registro en el Padrón Federal de Electores, y, para la resolución de los recursos de apelación, de inconformidad y de imposición de sanciones se instaura el Tribunal Federal Electoral (TRIFE). Los múltiples cambios surgidos de la reforma electoral de 1996 como la designación Consejero Electoral, se pueden clasificar en tres aspectos. En el primero la autonomía con respecto a los poderes tradicionales del presidencialismo; el segundo, la incorporación del TRIFE al poder judicial y, finalmente la facultad del IFE para sancionar las irregularidades de los partidos políticos. Además, al IFE se le han encomendado otras tareas como la actualización del Padrón Electoral, la preparación de los materiales electorales, la selección y capacitación de los funcionarios de casilla, la ubicación de estas y la preparación del ejercicio del voto de los mexicanos tanto en el territorio nacional como en el extragero. A la consolidación democrática Quitarle el control del órgano electoral al gobierno fue sin lugar a dudas una conquista muy importante, no tan solo porque incluye a que todos los actores políticos en las determinaciones del país, sino porque permitió que la lucha electoral fuera mas equitativa y no beneficiara solamente al partido en el poder; por lo que el sistema de partido hegemónico tuvo a desquebrajarse para dar paso a un tripartidismo con una tendencia al bipartidismo de derecha y de izquierda como ocurrió en la elección del 2 de julio del 2006. El IFE inició su prestigio por ser quien administró y calificó las elecciones de 1997, 2000 y 2003, donde ocurrieron sucesos nunca antes observados en la política de México por la imparcialidad que desembocó en la verdadera “democratización que involucra tanto al derecho de ser tratado por otros seres humanos como igual, con respecto a la formulación de opiniones colectivas, como la obligación de quienes instrumentan dichas opciones de ser accesibles y responder por igual frente al todos los miembros del sistema político”(O´Donnell, 1991, 21); es decir los competidores gozan de las mismas ventajas que le otorgan las normatividades, por eso en este periodo la considero de democratización por que la integración de los consejeros electorales en 1996, aunque el árbitro era independiente y neutral, el PRI poseía la mayoría en el Poder Legislativo y también ostentaba el poder Ejecutivo, pero en la competencia existían las mismas ventajas para todos los partidos político; ya no existe el presidencialismo autoritario, pero tampoco se vive en democracia porque un partido ostenta la hegemonía. En la elecciones intermedias de 1997, en el gobierno de Ernesto Zedillo, el partido Hegemónico pierde la mayoría absoluta en el poder legislativo, nunca antes sucedido; la pluralidad en la Cámara de diputados quedó de la siguiente manera: el PRI obtuvo un total de 239 escaños por ambos principios (MR y RP), el PRD 125, el PAN 121; el PVEM ocho y siete el PT; la lectura que se desprende es que ningún partido por si solo obtuvo mayoría absoluta, pero sí los opositores al ejecutivo. De esta manera el IFE da un primer paso hacia la consolidación democrática del sistema político mexicano, algo que debe destacarse es la clara tendencia de los espacios hacia los tres principales partidos que en la actualidad dominan la arena política del país. En el año 2000 el PAN, en alianza con el PVEM, alcanzan la Presidencia de la República y 125 diputaciones, el PRI obtuvo 209 y el PRD 66 curules. Y para las elecciones del 6 de julio del 2003 con la que los consejeros electorales del IFE pasaría la estafeta a los nuevos integrantes, la Cámara de diputados se integró con 224 diputados para el PRI, 150 para el PAN, 94 para el PRD, 17 para el PVEM, para el PT 6 y 5 para Convergencia por la Democracia. Después de las elecciones intermedias del julio del 2003 el IFE poseía un alto grado de legitimidad, para octubre de ese año entregaría el espacio a quienes se encargarían de efectuar la elecciones del 2006 y las de 2009; sin embargo, los partidos políticos representados en el poder legislativo han determinado su remoción escalonada por las irregularidades cometidas en la elección presidencial del año pasado, donde después del conflicto pos-electoral dio el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa. El actual Consejo General del IFE tienen sus fallas desde su origen, en 2003 el PRI, el PAN y el PVEM, que sumaron de sus diputados y lograron 395 escaños, se pusieron de acuerdo para nombrar a los nuevos Consejeros Electorales y marginaron a las otras tres expresiones políticas que después se aglutinaron en torno a la campaña de Andrés Manuel López Obrador para la contienda presidencial; después de la elección los ataques de la coalición se enfocaron principalmente al IFE por no responder de manera equilibrada que puso en duda la honorabilidad adquirida en la década pasada. La democracia mexicana enfrenta grandes retos, en el Senado se acaba de aprobar una reforma electoral que pone fin a los contratos de publicidad por parte de los partidos políticos y de particulares, en este caso el órgano electoral tiene toda la facultad para asignar publicidad en los tiempos de campaña solamente en los espacios que corresponden al estado. Sin embargo, se encuentra pendiente la verdadera ciudadanización del IFE, pues hasta este momento son los partidos políticos los que ostentan la representatividad. A manera de conclusión La transición a la democracia en México tuvo sus cimientos en el legado revolucionario que fue despegándose de su filosofía cuando la tecnocracia arribó al poder en la década de los 80´s. Este desprendimiento marcó un nuevo viraje de las políticas públicas, pues se dio un giro a los principios del estado benefactor para dar paso a la globalización y la economía de mercado característico que recomiendan los organismos financieros internacionales con los que el discurso de la defensa de la revolución y de sus principios pasaron a un plano casi inexistente. El presidencialismo autoritario mexicano durante todo el siglo pasado se caracterizó por no permitir ningún punto de vista contrario a los principios revolucionarios, para ello utilizó la persuasión por medio del partido de estado y la represión por medio de las fuerzas armadas del estado para aplastar la disidencia, hasta que a partir de 1977, obligado por la crisis política y económica se dieron los primeros indicios para que el autoritarismo fuera desapareciendo y dar paso a la liberalización del régimen; por otro lado esta misma crisis originó que las políticas económicas dieran un giro hacia el neoliberalismo cuando personas no descendientes de la familia revolucionaria accedieron al poder. En la actualidad el PRI, que durante mucho tiempo fue el sostén del régimen, se encuentra en un tercer lugar en la representación política de los mexicanos; ello obedece a que primeramente su bandera fue la defensa de los principios revolucionarios, pero después cuando una izquierda y una derecha enarbolaban muy bien su filosofía, el PRI se quedó como una opción de centro que no ha podido darle cauce a su postura ideológica y hasta hoy lo tiene inmerso en la incertidumbre. Por su parte el PAN, el partido con la ideología de derecha, y que históricamente es la oposición institucionalizada más antigua posee hoy la Presidencia de la República, dos sexenios consecutivos desde la alternancia del año 2000, es también el que posee mayor representatividad en la Cámara de Diputados, la primera fuerza a nivel nacional. Por su parte, el PRD que fue fundado en 1999 con grupos de izquierda, descendientes del PRI y partidos progobierno, es la segunda fuerza a nivel nacional, estuvo a punto de ganar la Presidencia en la elección presidencial del año pasado; a su interior hoy se debaten dos posturas; la que simpatiza con la negociación y el diálogo con el grupo en el poder, y la que plantea la confrontación con el grupo gobernante. A esto cabe aclarar que lo que valió a que el PAN alcanzara la cúspide del poder, fue precisamente el sometimiento a las normas establecidas, y mas que la confrontación se interesó por cambiar las normas establecidas, en todos caso ese es el camino que debe de seguir el PRD, y al parecer que es la postura que mayoritariamente prevalece, al menos así se evidenció en su X Congreso Nacional. Bibliografía I. O´Donnel, Guillermo y Schmitter, Philipe C. (1986/1991) Definición de algunos conceptos (y exposiciones de algunas premisas). En Transición desde un gobierno autoritario. 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