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Evaluacion y exclusion educativa en Guerrero, Mexico y America latina
Juan Antelmo García Castro
Profesor-investigador de la Unidad Académica de Ciencias Económicas
Durante la década de los 80 y 90 se produjo en América Latina un primer periodo de reformas estructurales en el ámbito educativo. Obviamente, México no fue la excepción en estas reformas neoliberales educativas que produjo un desastroso proceso de ajuste de la oferta, derivado de la asignación de menos recursos públicos para financiar la oferta educativa.
Además, bajo el pretexto de que había cobrado fuerza la inconformidad en amplios sectores de la sociedad respecto a la calidad de la educación, se pasó en el periodo de referencia (en todos los gobiernos latinoamericanos) de un estado docente a un estado evaluador.
Con la evaluación se inició también un proceso de privatización educativa, específicamente con la transferencia de recursos públicos para las empresas que se dieron a la tarea de medir el nivel de conocimiento de los alumnos y profesores, agencias que arbitrariamente establecieron índices de calidad de los “mejores o peores” estudiantes, maestros y escuelas.
En el caso de nuestro país, referente a la Educación Superior, la evaluación generó elevados niveles de exclusión educativa, entendida ésta como “dificultades de acceder o de permanecer dentro del sistema educativo” (1)
El instrumento de supresión en México es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). El CENEVAL es una instancia operativa, es un organismo destinado a poner en práctica, de manera cotidiana y permanente, lo que en el marco de los conceptos, las políticas y las directrices del sistema educativo se ha expresado como prioridad: el mejoramiento cualitativo y el propósito de intensificar los procesos de evaluación.
Cabe resaltar que las prácticas evaluatorias se interpretan desde posiciones opuestas: mientras unos las ven como estrategias que contribuyen al mejoramiento educativo, otros las ven como una amenaza, como elemento de negación del acceso a la Educación Superior. Por ello, la evaluación de la educación mexicana debe ser una tarea en la que participen todos los implicados, es decir, que no sea éste un proceso oculto o unilateral.
¿Pobreza, desigualdad e injusticia social, factores “normales” para ser excluido?
La crisis global de la economía asumió en México durante la década de los ochenta, la forma de una crisis severa de endeudamiento externo -más de 100 mil millones de dólares-, recesión productiva y altas tasas de desempleo.
En el ámbito social, se dice que en estos años de crisis hicieron a la sociedad mexicana más igualitaria en el sentido que los mexicanos somos ahora “más iguales en la pobreza”. Así es, ahora el número de pobres -con un ingreso familiar menor a los dos salarios mínimos- pasaron a representar del 40% al 60% del total de la población; por su parte el gasto público de interés social disminuyó como porcentaje del producto nacional.
Durante los ochentas, cada mexicano recibió una cuarta parte menos inversión en salud y una tercera parte en inversión educativa y, por último, en cuanto a la alimentación entre 1982 y 1986 el consumo de carne bajó a la mitad y la de leche y pollo se redujo a sólo una tercera parte.
Referente al estado de Guerrero, se caracteriza por sus vastas riquezas naturales, su diversidad cultural, lingüística y étnica, pero también por sus contrastes sociales, ya que la mayoría de su población sufre bajos niveles de bienestar material, derivados de históricos procesos de rezago y exclusión económica, social y cultural.
En el contexto de la globalización económica neoliberal, Guerrero se presenta como la entidad federativa donde conviven regiones de marginación y pobreza extrema con sectores altamente desarrollados. En 1990 ocupaba el tercer lugar después de Chiapas y Oaxaca, sin embargo, en el transcurso de esa década el modelo económico, la crisis financiera y las medidas de ajuste incrementaron la pobreza.
La economía guerrerense muestra profundos problemas estructurales: el Producto Interno Bruto (PIB) estatal está por debajo de la media nacional; existe atraso y descapitalización del campo; un elevado porcentaje de la Población Económica Activa (PEA) está ubicada en el sector informal o en actividades agropecuarias de baja productividad; deficiente desarrollo del sector industrial.
En la entidad existen pocas posibilidades de atraer inversiones en áreas distintas al sector turismo, como el agro y la industria, en virtud del incipiente proceso de asimilación tecnológica; insuficiente desarrollo de las capacidades humanas, de la infraestructura y del sistema financiero, así como de la escasez del mercado interno y el mantenimiento de altos niveles de pobreza extrema.
En el terreno educativo, en las zonas con mayor pobreza se registran elevadas tasas de analfabetismo; bajo promedio de escolaridad; altas tasas de deserción y reprobación; insuficiente calidad y cobertura; limitada atención a la capacitación para el trabajo y para el desarrollo de proyectos productivos; los programas educativos compensatorios no han logrado los resultados esperados en cuanto a cobertura y eficiencia hacia los grupos sociales de extrema vulnerabilidad.
La población en edad escolar (0 a 24 años) es de 1 millón 796 mil 354 guerrerenses, de los cuales el sistema educativo estatal atendió durante el ciclo escolar 2003-2004 a 1 millón 100 mil alumnos, desde Educación Inicial hasta el Nivel de Postgrado. (2)
La Educación para Adultos se imparte a través del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, y los programas Cruzada Estatal de Alfabetización y Modelo de Integración para la Atención de los Adultos en Guerrero, prestando servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y formación para el trabajo, para jóvenes y adultos de 15 años o más que no han iniciado o concluido su educación básica. Los programas que operan son alfabetización hispanohablante, alfabetización en lengua materna (población indígena), nivel intermedio (primaria)), nivel avanzado (secundaria para adultos).
Con base en los datos estadísticos arriba observados, se destaca que en Guerrero existen alrededor de 700 mil niños y/o jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar o bien que desertaron, por cuestiones económicas, lo que es igual a exclusión educativa.
Además, se infiere que entre esos 700 mil guerrerenses posiblemente excluidos se ubiquen los miles de jóvenes rechazados de las escuelas superiores, dependientes de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Hasta finales de la década de los ochentas, en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) se mantuvo el proyecto educativo identificado como “Universidad de puertas abiertas” o “Universidad Pueblo”, iniciado a principios de los setentas con el primer periodo rectoral, de tres que ostentó, del Doctor en Sociología Rosalío Wences Reza, acorde con el modelo de la Universidad Pública “de masas”, que surgió en México derivado de la crisis política que arrastraba el régimen, como consecuencia de la represión del movimiento de los estudiantes en la aciaga tarde-noche del 2 de octubre de 1968.
De tres Escuelas Preparatorias que dependían de la UAG, hasta los ochentas se elevó a 39 planteles del Nivel Medio Superior, en tanto que la oferta educativa en el Nivel Superior y Postgrado se incrementó también de manera sustancial. El ingreso a ambos niveles era prácticamente automático y sin obstáculos, incluso se autorizaba la inscripción a alumnos irregulares, aunque después el H. Consejo Universitario otorgaba dispensa a esos alumnos para que egresaran sin ningún problema.
Para continuar con el análisis de la dramática situación que priva en estas tierras del Sur, es conveniente plantear la siguiente pregunta: ¿Se ha preocupado realmente el Estado por el bienestar y la preparación de sus habitantes?
Los sectores más vulnerables se localizan en la zona rural de prácticamente todos los Municipios que integran la Geografía guerrerense, quienes en conjunto representan una mayoría con una situación de pobreza y pobreza extrema. Familias con más de cinco integrantes, cuyos padres, casi en su totalidad, no concluyeron o bien nunca ingresaron al nivel de educación primaria. Situación “normal” que es y será legada a las generaciones presentes y venideras, que además son y serán hijos pobres de padres pobres y analfabetos.
También resultará “normal” que esos pobres hijos gradualmente vayan abandonando la escuela para incorporarse al rudo e intenso trabajo agrícola, junto con sus padres, para satisfacer en lo más mínimo sus necesidades básicas.
Siendo Guerrero uno de los estados con mayor marginación, con un número significativo de niños y jóvenes pobres que son excluidos de la escuela y con nulas posibilidades de acceder al mercado laboral, el Estado poco o nada ha hecho por impulsar un sistema educativo más igualitario en cuanto a calidad y cobertura, porque para nadie es oculto que por todo lo largo y ancho del Estado de Guerrero las hay escuelas de primera, de segunda y hasta de tercera categorías.
Las escuelas de primer nivel, de calidad, son para las clases sociales privilegiadas, las mismas que obviamente viven en una mejor situación geográfica y económica, por lo que están en posibilidad de pagar hasta educación privada. Aquí sería “anormal” no tener una educación de primera.
En las colonias populosas de las zonas urbanas, tendrán “mejor suerte” para estudiar en escuelas de segunda categoría. Porque en las poblaciones rurales, donde se localizan los cinturones de miseria, las zonas de mayor marginación, donde es “normal” el abandono escolar y la educación de baja calidad, de tercera categoría, deben acostumbrarse a la exclusión. Lo importante es que, como reza el slogan de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), hay “Educación para Todos”. Es decir, una exclusión incluyente.
Ahora bien, damos paso al siguiente cuestionamiento: ¿Quiénes serán mejores alumnos. Los que estudian en escuelas de primera, o los que fueron incluidos en las de segunda y tercera categorías?
Cuando se compara la educación en escuelas de primera, segunda y tercera categorías, lo hacemos tomando como base que en las tres no existen las mismas condiciones y oportunidades. No es lo mismo un colegio, público o privado, en una colonia de ricos, que una escuela en una colonia popular de cualquier ciudad, o el plantel de una comunidad rural marginada. En los tres casos los servicios educativos son totalmente diferentes. Aún cuando en el segundo y tercer casos se tengan carencias, la mejor situación será para la escuela de ricos y la peor realidad será para quienes estudian en una escuelita rural.
Se deduce que los egresados del plantel de la comunidad rural tendrán en el futuro escasas o nulas oportunidades de ingresar en el siguiente ciclo escolar, y aún si tuvieran la buena fortuna de lograrlo, estarán en desventaja cuando se trate de competir en el mercado laboral.
La necesidad de un nuevo proyecto educativo en América latina
Con base a lo abordado, es preciso hacer una serie de reflexiones sobre la necesidad de lograr en América Latina un verdadero cambio social, entendido éste como “la concreción de la tendencia histórica que, a su vez, es el objeto mismo de la construcción del hombre”. (3)
Lo anterior con el propósito de orientar los cambios educativos en AL y avanzar hacia una educación de calidad para todos, sin exclusión, a lo largo de la vida, ante la necesidad de erigir un enfoque más amplio del conocimiento y pensamiento en donde pueden despertarse las potencialidades de otras construcciones humanas.
Actualmente, la región de América Latina y el Caribe es considerada la zona menos equitativa del mundo. La realidad de su estructura política, económica y social muestra signos de agudización y vulnerabilidad debido a las continuas crisis que arrastra por décadas.
Es importante reconocer que los países de la región han realizado importantes esfuerzos en las últimas dos décadas para aumentar la cobertura y mejorar la calidad y equidad de la educación, pero también es posible comprobar que existe una gran diferencia entre los referidos esfuerzos y los resultados obtenidos. Por éstas y otras razones, todos los pueblos de América Latina tienen un doble desafío: resolver los temas educativos pendientes y enfrentar las nuevas tareas del siglo XXI, de las que dependen el desarrollo humano, la equidad social y la integración cultural.
El desarrollo humano es el fundamento medular y propósito actual de las aspiraciones de la sociedad. El cumplimiento pleno de los derechos humanos de todos y cada uno, mujeres y hombres, es el requisito más importante para generar procesos de desarrollo sustentable, la consolidación de las instituciones democráticas y el establecimiento de leyes transparentes, responsables y efectivas.
El desarrollo humano y la educación comparten una misma aspiración: la emancipación, el bienestar y la dignidad de todos, en todas partes. A ello deben contribuir las políticas públicas en materia educativa.
A pesar de los enormes esfuerzos desarrollados en los últimos 20 años, en América Latina la proporción de analfabetos absolutos en la población adulta representa 41 millones de personas. A esa cifra se debe agregar que aproximadamente 110 millones de jóvenes y adultos no han culminado su educación primaria.
La región latinoamericana enfrenta riesgos y oportunidades que han de ser examinados por las políticas públicas de los países. Esto requiere analizar qué clase de retos asumir, porqué y cómo posicionarse frente a ellos. Desde esta perspectiva, es necesario impulsar una nueva visión estratégica que abarque el sentido de la educación en un mundo cada vez más plural y cambiante.
Sabemos perfectamente que la estructura económica y social de los países latinos ha reducido los canales de participación democrática, detectándose un debilitamiento en la integración regional, por eso es de vital importancia la urgente necesidad de plantear nuevos enfoques educativos que mejoren el presente y futuro de un mundo como el actual. Reconocer esta realidad, significa pensar epistemo-lógicamente en una educación emancipadora que desarrolle oportunidades y capacidades para todos, no sólo para los sectores privilegiados.
El modo de enseñar y aprender como se ha venido desarrollando tradicionalmente en el sistema educativo, ya no puede seguir negando permanentemente al sujeto concreto y su realidad, sometiéndolo a la información respecto a ella. En consecuencia, se debe luchar por la autonomía social. Autonomía que, como lo define la doctora Estela Quintar (en su texto: Colonialidad del pensar y bloqueo histórico en A.L.): “se constituye a su vez, y en gran medida, por la búsqueda de la comprensión de nuestros problemas”.
Por otra parte, las políticas educativas de América latina no deben seguir utilizándose para dominar, más que para liberar, a los pueblos. Deben, sí, contribuir al mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación.
Esto implica tener por parte de todos los gobiernos latinoamericanos, una firme voluntad política para generar las condiciones y los mecanismos de participación de la población en todos los niveles del sistema, con la finalidad de asegurar una efectiva y amplia participación en los procesos educativos, desde su concepción y diseño, hasta su desarrollo y evaluación.
En este esfuerzo es fundamental que las familias y la sociedad en su conjunto tengan acceso a la información necesaria, que les permita opinar y tomar decisiones sobre la educación de sus hijos, y ejercer sus derechos y responsabilidades.
- Gentili, Pablo, “Políticas Públicas, Educación y Ciudadanía”, P. 212. Lecturas del IPECAL, octubre 2007.
2) Fuente: Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), 2005.
(3) Hugo Zemelman, Historia y política en el conocimiento, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1983, p.23, Serie Estudios, 71.
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