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Hacia un nuevo Guerrero
Javier Moreno Nieto
Analista político e historiador
La sociedad guerrerense es de las más valerosas y de las que más han aportado a la gesta nacional. Desde las formaciones guerreras que, en 1521, salieron de lo que hoy es territorio guerrerense (Teloloapan e Ixcateopan) a reforzar la defensa de Tenochtitlan, para no mencionar el cúmulo de aportaciones posteriores.
Trescientos años después, en 1810, ocurre un verdadero momento fundacional, que pone en el ideario y la mente de los insurgentes, la cuestión de contar con un gobierno y territorio propio; este lo constituye el establecimiento de la provincia de Tecpan, por el generalísimo José María Morelos y Pavón, quien al emprender la encomienda de Miguel Hidalgo de sublevar al Sur y tomar Acapulco, encuentra en la costa grande y en la mayor parte del hoy territorio de Guerrero, a una sociedad dispuesta a la lucha de emancipación, cuya respuesta le permite llevarla a cabo.
Tras el logro de la independencia nacional, Vicente Guerrero, impulsaría la Capitanía General del Sur, a lo que le seguirían el Departamento de Iguala, impulsado por Nicolás Bravo y el Departamento de Acapulco, por Juan Álvarez. Hace 165 años, en 1841, la creación de un nuevo Departamento o Estado, al sur de México, ya había sido postergada varias veces. Tras la caída del presidente Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo y Juan Álvarez, el 10 de octubre de ese año, lanzaron un Manifiesto a la Nación y a los Departamentos de la República, informando que: “1 Se separa la parte meridional del que ahora se llama Departamento de México y se le denominará Departamento de Acapulco. 2 Este nuevo Departamento abrazará los distritos de las prefecturas de Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa, subprefectura de Huetámo y el distrito de Cuernavaca si se quisiere incorporar.”
Los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre, se reunió una junta de notables para levantar el acta de creación del departamento, elegir funcionarios provisionales y apuntar las bases de su gobierno interno. Sin embargo, atendiendo que ya se había restablecido la presidencia, ahora en manos de Santa Anna, los ahí reunidos convinieron en que se suspendiera la erección del departamento hasta resolución del nuevo Congreso Constituyente.
Ya en las reformas a la constitución de 1824 había quedado aprobada la propuesta del nuevo Estado, iniciando el proceso jurídico-legislativo para concretar una nueva entidad al sur. Tras un largo periodo de asonadas y pronunciamientos, dada la pugna entre centralistas y federalistas, fue en plena ocupación norteamericana que Juan Álvarez no permitió que la creación de Guerrero se pospusiera nuevamente.
Con el apoyo del gobierno central, el multiactivismo de Juan Álvarez y algunas intervenciones de Nicolás Bravo, se logro erigir a Guerrero, tras intensas resistencias de las legislaturas de Michoacán, México y Puebla. En el caso de Michoacán, la postura fue siempre de negativa, hasta que la intervención del ministerio de Guerra y la propia presidencia, en tono poco amigable, la hicieron ceder.
En la legislatura del Estado de México se encontraban hombres del sur que, junto con Juan Álvarez, realizaron los cabildeos y operaron las maniobras necesarias para hacer caer al gobernador Olaguibel y contar con un gobernador aliado como Arizcorreta, mediante la intervención de Rivapalacio, que posteriormente gobernaría dicha entidad.
Pero la única legislatura de la que se tenga registro que haya tenido memorables y razonables debates fue la poblana, que se lamentaba que: “los pueblos del sur… están reducidos a una horrorosa pobreza; sus habitaciones son miserables chozas, sus alimentos los frutos de los árboles y sus mejores pueblos, monumentos de destrucción e ignorancia…jamás procuraron hacerles salir del estado triste en que hasta hoy se encuentran…si se dieron…medidas para obligarlos a abrazar el cristianismo, se hicieron ineficaces, puesto que antes de hacerlos cristianos los debieron enseñar a ser hombres y vivir como tales”.
Puebla además abrigaba el temor de estar dando paso a una futura potencia que a la postre se independizara de la república mexicana, dado el “resentimiento” social que percibían en los sureños y el aislamiento geográfico, por lo cual decían, “obedecerían las leyes generales si quieren”.
La ilustrada legislatura poblana argumentaba que no era suficiente “una dilatada extensión de terreno, a quien la naturaleza haya dado extraordinaria fecundidad, ni un crecido numero de habitantes que no sepan ser ciudadanos, sino que se requieren, además, otras cualidades morales: la ilustración, como materia del sabio; el espíritu de mejora, como materia del empresario y el crear necesidades, para que los trabajadores tengan ocupación y recompensa”.
Refiriéndose al Departamento de Tlapa, que cederían, afirmaban, “Todo lo que la miseria tiene de horrible; todo lo que la ignorancia tiene de abatido; en fin, todo lo que en el abandono y destrucción tiene de más espantoso; he ahí en compendio el Departamento de Tlapa”. Y remataban: “¿Que capacidad hay en ellos para ocupar los puestos públicos y desempeñar las altas funciones administrativas?”.
Adelantandose a dichas expresiones, en el manifiesto de separación del Departamento de Acapulco, siete años antes, Juan Álvarez decía: “El sur efectivamente no tiene copia de hombres profundos que formen disertaciones sobre materias metafísicas y sublimes; pero en su lugar no faltan individuos adecuados para el gobierno de los pueblos, hombres a propósito para atender y socorrer sus necesidades, y hombres en fin, que dotados de prudencia, discreción y experiencia, se hallan con mejores conocimientos para estar en contacto con los habitantes del Departamento, que los que, colmados de ciencia, están desnudos de aquellas apreciables circunstancias.”
Muy probablemente con ello, Álvarez se autobiografiaba pero, en todo caso, él murió el 21 de agosto de 1867. Un mes después de la entrada triunfante de Benito Juárez a México, restaurando la República. Fue Álvarez el último insurgente con poder regional efectivo; el último líder suriano visionario que ejercía una influencia indiscutible en el Sur. A partir de entonces, se inicia la lucha por el poder regional y una mayor injerencia del gobierno central en Guerrero, con la consecuente subordinación del poder estatal a la federación, que lo ha convertido en un cuasi-territorio federal sujeto a tutelas desarticuladas de diversos funcionarios, pero sin una hegemonía estatal posterior semejante a la lograda por Cervantes Delgado.
La admirable gesta histórica de Juan Álvarez -sin que hasta ahora le haya sido suficientemente reconocida- al organizar los esfuerzos para la creación de Guerrero, la ardua construcción de su estructura político-administrativa, así como su combate energico a las veleidades con que dos veces se intentó suprimir a Guerrero como nueva entidad, es el más digno homenaje a Vicente Guerrero, seguidor de Morelos. Y podría considerarse que eso pagó la deuda política con este pueblo.
Sin embargo la deuda de la desigualdad social, contrastante con la consigna del generalísimo de moderar la opulencia y la indigencia; retribuir a los guerrerenses todo lo que han apostado por la construcción histórica de la nación, no puede postergarse más. Con todos los costos que implica, ¿de donde si no del sur, han irrumpido las oleadas regionales de cambio histórico progresista en México?
Moderar la opulencia y la indigencia es el programa histórico del generalísimo que hoy significa, para saldar la deuda social con el pueblo de Guerrero y con Morelos mismo, ir a un basto programa de combate a la pobreza, desde las causas sociales de la desigualdad, que implicaría intervenir de modo definitorio en la regulación también de la extrema riqueza, creada a base de especulación, corrupción, información privilegiada y la apropiación privada de fondos públicos, que se expresa en la irrupción incontrolable de nuevos ricos fraguados a la sombra de los fondos del combate a la pobreza que, año tras año se descentralizan entre regiones y municipios y no se traducen en transformaciones sociales significativas. Sin que ello sea pretexto de ninguna élite para simplemente reclamar más recursos hacia afuera, al tiempo que abandona los esfuerzos por lograr mayor equidad al interior de cada municipio, de cada región, de la entidad, haciendo algo por remediar las extremas injusticias que subsisten al interior de nuestra sociedad regional. Sin gastar demasiada energía en quejarse de la desigual distribución federal de los recursos y ocuparse más de la responsabilidad y el compromiso por sujetar al control social el dispendio de los recursos públicos y destinarlos para trabajar efectivamente en el reposicionamiento estratégico de Guerrero, en relación con el resto de las entidades, así como en el contexto nacional e internacional.
La sociedad guerrerense ha sabido estar a la altura de su tiempo histórico. ¿Cuando podrán estarlo los liderazgos, dirigencias y gobernantes de Guerrero? ¿Donde están ahora los estadistas de que hablaba Álvarez? Hombres o mujeres dedicados a lo público que impulsen el desarrollo y la transformación de Guerrero, con un ideario y metas claras, devolviendo además, facultades a la soberanía popular.
Hoy, que la clase política creada al calor de la democracia del dinero --de lo que pocos hablan en la mesa de consenso para la reforma del Estado-- se ocupa solo de la coyuntura, que los precandidatos de cada disputa electoral se pisan los talones en la contienda por el entramado social, impulsando programas que solo articulan “demandas” en un horizonte de brevísimo plazo, y que muchos dirigentes sociales ven muy poco más allá de intereses de grupo o particulares, hacen más falta que nunca nuevos líderes con visión de Estado. Un nuevo Juan R. Escudero, un nuevo Alejandro Cervantes Delgado, capaces de articular las tendencias políticas en torno a un proyecto social; sentar las bases para organizar coherentemente las visiones sociales en torno al desarrollo y desplegar la vinculación social y la concertación política necesaria para operar transformaciones pacíficas de las condiciones de vida y de trabajo.
En tanto se prolonga la ausencia de estadistas visionarios, es menester que la reforma política en Guerrero siente las bases para establecer verdaderas políticas de Estado que rompan las inercias de las políticas públicas tradicionales, estableciendo un efectivo sistema democrático de planeación estratégica y prospectiva, un verdadero compromiso con un vasto esfuerzo de participación social y que incluya un sistema obligatorio de rendición de cuentas municipal, sectorial y regional, sustentado en indicadores sociales, económicos y políticos pertinentes, que conviertan cada aniversario de la erección del Estado de Guerrero en una ocasión de evaluación ejercida por la soberanía popular, para que una verdadera contraloría ciudadana independiente haga un monitoreo y direccionamiento del estado que guarda la conducción del desarrollo comunitario, municipal y regional de Guerrero, en un tipo de balance que trascienda la numerología que acompaña a los triviales informes anuales de gobierno y que fundamente las rectificaciones pertinentes.
A 157 años de su erección, desde Guerrero podemos hacer el contraste -guardando las proporciones- con la larga noche neoliberal iniciada por el salinato, que se aproxima ya al cuarto de siglo bajo la sombra del prianato. Cuando sean anunciadas transformaciones deliberada y tácticamente logradas, nuevas posiciones alcanzadas por la entidad tras su letargo ancestral en el cabus del desarrollo, y que contrasten claramente con las condiciones de la realidad preexistente, quizá entonces haya algo que celebrar, los primeros pasos hacia un nuevo Guerrero.
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