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Reformar la ley de vivienda social
Para que el Estado estimule el desarrollo de las unidades o conjuntos habitaciones otorgando facilidades para su tramitación, construcción y operación, el diputado Fermín Alvarado Arroyo propone reformar la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero.
El legislador considera que el derecho a la vivienda forma parte del cúmulo de garantías individuales, a partir de su incorporación como un derecho de los mexicanos, al consignarse que los individuos y sus familias tendrán derecho a una vivienda digna y decorosa.
Explica que según datos del Sistema Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el 2005, el total de viviendas en el país era de 24.7 millones, superando el registro del 2000, de tal manera que mientras que la población creció en los últimos años a una tasa media anual de 1.0 ciento, las viviendas habitadas lo hicieron un 2.1, provocando que se incrementara la disponibilidad de espacios habitacionales, y que el promedio de ocupantes por vivienda habitada descendiera de 4.4 al 4.2 personas por vivienda.
Informa que ante estas circunstancias, los gobiernos federal y estatal, implementaron unidades o conjuntos habitacionales considerándose como edificaciones que planificadas integralmente comprenda obras de urbanización, lotificación y construcción de viviendas de tipo unifamiliar, destinadas a satisfacer las necesidades de vivienda popular o de interés social. Dijo que en la entidad, las unidades habitacionales han sido construidas por instancias o instituciones del sector público como parte de una política de vivienda, para evitar el deterioro excesivo del salario, el alza desorbitada de la renta, y el mejoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población de escasos recursos.
Sin embargo, señaló que es un problema constante el deterioro de las unidades o conjuntos habitacionales, las alternativas de solución revisten varias facetas que marcan el imperativo de estudios interdisciplinarios por parte de especialistas en la construcción y urbanismo. Por ello, el diputado Fermín Alvarado, plantea que debe impulsarse una política integral que vincule la vivienda con el suelo, como ejes de una estrategia tanto social como económica, articulada con el desarrollo urbano y la protección al ambiente, además de programas de mejoramiento de unidades habitacionales asentadas en la entidad. De aprobarse la reforma al Artículo 91 de dicha Ley, establecería que “las dependencias y entidades de las administraciones públicas Estatal y Municipal, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, promoverán las medidas concretas de apoyo y fomento a la producción y a los productores sociales de vivienda”.
Entre las medidas se encuentran la regularización de la tierra, vivienda y de los conjuntos o unidades habitaciones mediante facilidades administrativas y apoyos fiscales, notariales y registrales necesarios, disponiendo en sus respectivos presupuestos de egresos, programas emergentes de restauración y conservación de las unidades habitaciones, para detener el deterioro y valor patrimonial de las familias que las habitan.
Investigan presuntas irregularidades en Cancerología
A la Comisión Instructora del Congreso local se turnó una denuncia interpuesta en contra de los integrantes del Instituto Estatal de Cancerología de la entidad, Marco Antonio Terán Porcayo, Verónica León Sanvicente y Teodulo Duque Torres, por presuntas irregularidades administrativas. En la Sesión de la Comisión Permanente, se dio entrada la denuncia presentada por Manuel Saez Cabrera, Ibo Alberto Montufar Mendoza, Yolanda Alarcón Palma, Saida Reyes Iruegas, David Cortés González, Amado Suárez Gayosso, Arturo Vázquez García, Agustín Rojas Alarcón, Alfredo Leyva Miranda, Cristina Meneses Meneses, Gustavo Contreras González y Claudia Ortiz Deloya. El documento se turnó a la Comisión Instructora para su análisis, discusión y emisión del dictamen que se presentará al Pleno del Congreso para su aprobación, en su caso.
En otros asuntos, se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación una denuncia de supuestas irregularidades, interpuesta por Rufino Reyes Silverio, en contra de la presidenta municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez.
Asimismo, se aprobó un comunicado donde la Comisión de Salud, donde acuerda que se archive y se dé como un asunto total y definitivamente concluido el Punto de Acuerdo Parlamentario suscrito por el diputado Fermín Alvarado Arroyo, donde se exhorta al Ejecutivo Estatal instruya al secretario de Salud, Luis Barrera Ríos, aplique los recursos que el Congreso autorizó en el 2007 y 2008, contra la prevención y combate del cáncer cérvico-uterino y de mama, en razón de que el legislador propuso en fecha reciente otro acuerdo en los mismos términos. También se envió a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación una denuncia presentada por Octavio Gallardo Barrera y Gobernación en contra de Enterbio Reyes Bello, presidente del municipio de Copanatoyac.
Concluye debate a la reforma de los poderes públicos
La Mesa Temática “Reforma de los Poderes Públicos y Órganos Autónomos”, para la Reforma Democrática del Estado, acordó que el jueves 13 de marzo concluirá los trabajos de análisis y aprobación de las reformas de los poderes públicos en Guerrero, para posteriormente entregarlos a la Mesa Central de Alto Consenso. En reunión los integrantes de la Mesa, coincidieron en acelerar los trabajos para entregarlos a la Mesa Central que agilice el proceso de revisión y análisis para que al igual que la reforma electoral se dé en Guerrero, la reforma de los poderes públicos.
“Se debe dar en Guerrero la reforma al Poder Judicial y de la justicia en la entidad, del Poder Legislativo, y las leyes del Poder Ejecutivo para que haya mejores servicios públicos para generar empleo”, señalaron. En relación al Poder Judicial se presentaron propuestas para un mejor funcionamiento, modificación a la designación de magistrados para que ya no los nombre el Poder Ejecutivo, sino un Consejo de la Judicatura Ciudadanizado. Sobre las reformas al Poder Legislativo, se propuso que un cuarto periodo de sesiones para evitar rezago legislativo, y que las Comisiones tengan un plazo no mayor de dos meses para que dictaminen, y si no lo hacen que los asuntos se regresen automáticamente al Pleno.
En relación al Poder Ejecutivo que desconcentre sus facultades y competencias a los órganos autónomos y se centre en las prioridades que le interesan a los guerrerenses como la seguridad pública, el empleo y los servicios públicos, como agua, drenaje, luz eléctrica, además de salud y educación. A la reunión asistieron los legisladores Bernardo Ortega Jiménez y Fermín Alvarado Arroyo, Francisco Morales Lorenzo, representante del Partido del Trabajo, e Iván Sánchez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, además de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.
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